El Gobierno de Gibraltar ha presentado en su Parlamento el nuevo Proyecto de Ley del Juego, una reforma clave con la que busca modernizar uno de los sectores más relevantes de su economía y adaptarlo a los desafíos tecnológicos y regulatorios actuales.
El texto ha sido defendido por el ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, quien ha destacado el carácter estratégico de la iniciativa y el amplio proceso de consulta previo con el sector. La norma pretende sustituir el marco vigente desde 2005, considerado obsoleto ante la evolución del juego online, la globalización del mercado y el impacto de factores como el Brexit o los cambios fiscales en Reino Unido.
Entre las principales novedades, la futura ley amplía el alcance regulatorio más allá de los operadores para incluir a proveedores tecnológicos y servicios de marketing, actores clave en un ecosistema cada vez más digital. Asimismo, introduce un régimen sancionador más flexible y proporcional, superando el modelo actual basado casi exclusivamente en la retirada de licencias.
El proyecto también contempla la creación de un Tribunal de Apelaciones del Juego, refuerza las competencias del regulador y establece nuevos requisitos para la obtención de licencias, como la exigencia de una presencia sustancial en el territorio. Además, se intensifican los mecanismos de supervisión, control e investigación para prevenir delitos financieros y proteger la integridad del sistema.
El Gobierno gibraltareño subraya que la reforma busca equilibrar el crecimiento económico con la protección del interés público, garantizando un entorno de juego seguro, transparente y alineado con los estándares internacionales. El sector, que representa una parte significativa del PIB local y mantiene una fuerte vinculación con el mercado británico, es considerado estratégico para la economía del Peñón.
La nueva normativa incorpora también mayor flexibilidad para adaptarse a futuras innovaciones tecnológicas, permitiendo incluir o excluir modalidades de juego con mayor agilidad. Tras su tramitación parlamentaria, se prevé un periodo de transición en el que las empresas deberán adaptarse al nuevo marco, con el acompañamiento del regulador y el impulso de procesos de digitalización administrativa.
